22 de octubre de 2024.- Alianza Verde ha registrado en el Congreso, junto a Podemos, una batería de preguntas en relación al anuncio de la empresa petrolera Repsol de llevarse sus inversiones a Portugal.

El CEO de Repsol y expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha “cargado” en numerosas ocasiones contra el impuesto a la banca y las compañías energéticas, al considerarlo una medida “populista”. Por eso, la compañía que dirige ha anunciado su decisión de trasladar al Complejo Industrial de Sines, en Portugal, una inversión de 15 millones de euros en un proyecto de hidrógeno renovable.

Desde Alianza Verde recuerdan, en el escrito registrado en el Congreso, que “El importe neto de la cifra de negocio de Repsol (empresa que fue pública hasta 1997) ha rondado los 70.000 millones de euros en 2022 y 2023. La petrolera ha cerrado este último curso, 2023, con más de 3.000 millones de euros de "beneficio neto" y ha incrementado las retribuciones a sus accionistas (el dividendo) en un 30% (el dato es de la propia Repsol)”.

Además, señalan con respecto al impuesto referido, que “En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería”.

No obstante, amplían “Están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%. La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019”.

Por eso, el partido ecologista quiere conocer, en primer lugar, la cantidad exacta de subvenciones que dicha empresa ha recibido de fondos públicos del Estado, incluyendo los fondos europeos Next Generation, desde el año 2019.

Y, además, de cumplirse la amenaza de Josu Jon Imaz y producirse la deslocalización del negocio de la compañía Repsol, Alianza Verde le pide al Gobierno que concrete las medidas que va a tomar para exigir la devolución de las subvenciones que dicha empresa ha disfrutado por parte del Estado. 

Para Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, “Josu Jon Imaz no sólo es un negacionista sin complejos, sino que es el paradigma de las puertas giratorias en toda su magnitud. Lo más grave del caso del señor Imaz es que su empresa es la más contaminante de España y una de las más contaminantes del mundo”. Por eso, para López de Uralde, “lo que dice y lo que hace el señor Imaz y Repsol no es inocuo, sino que tiene un coste y el Gobierno debe pasar a la ofensiva y exigir, de una vez, responsabilidades”.