15 de julio de 2025.- El partido verde ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de aprobación del proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar, concedida por la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo, y solicita su suspensión.

Se suma así a las acciones emprendidas por las principales organizaciones ecologistas, que ya han señalado las irregularidades del proceso, además de la temeridad que supone seguir adelante con un proyecto de estas características.

En el recurso planteado, señalan en concreto la ausencia de una Declaración Ambiental Estratégica para el plan especial vinculado a la explotación y la no tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de beneficio, así como el incumplimiento del trámite de participación pública de la forma adecuada, esto es, con el procedimiento completo, incluyendo la declaración de impacto ambiental, y en los tiempos adecuados. “Ni la Junta ha cumplido con su deber de informar públicamente sobre incremento sustancial de los vertidos contaminantes, ni los ayuntamientos afectados por el proyecto han cumplido sus obligaciones de participación, información pública y transparencia”, señalan desde la formación ecologista.

Asimismo, reiteran los “evidentes riesgos ambientales” que supone el proyecto, advirtiendo de que “el vertido tóxico de 85.520 millones de litros, amparado por el Dictamen Ambiental para 18 años y medio, “envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda junto al Parque Nacional de Doñana, afectando gravemente su biodiversidad”.

Y, por ello, piden que, por respeto a los principios de precaución y seguridad jurídica, se suspendan los procedimientos de todas las autorizaciones.

Para Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, “Aznalcóllar ya ha pasado una factura al medio ambiente andaluz como para permitir que se repita otro desastre. Es un disparate que desde la Junta de Andalucía se esté promoviendo la reapertura de este proyecto, que nada tiene que ver con lo que necesita el territorio, que no es una actividad sostenible y que va a condenar nuevamente a Doñana y su entorno”.